De niño vi una película de lección inolvidable: Un forastero llega a un pequeño poblado. En la cantina discute con un lugareño, quién, horas más tarde, resulta muerto en un granero. Al día siguiente la poblada trata de ahorcar al forastero, bajo cuatro “contundentes” argumentos: 1- El fuerte altercado verbal con el occiso. 2- La reputación de la víctima, de hombre de bien , honesto y respetable ciudadano. 3- La autoridad moral reconocida del testigo que afirma haber visto huir al forastero del lugar del crimen. 4- La fama de pendenciero del forastero.
En esa situación interviene el Alguacil resguardando del linchamiento al forastero, aún en riesgo de su vida, ante el furor de la poblada "indignada", e incluso, ante la recriminación de su esposa, por faltar a la amistad que lo unía al occiso, por no solidarizarse con la indignación y deseo de justicia de la comunidad en la cual convive y por arriesgar “tontamente” su vida por defender a un extraño, pendenciero y vagabundo. A todo ello el Alguacil simplemente afirma: No defiendo al forastero, preservo la ley. El Alguacil simplemente cumplia su deber, con el añadido de que el forastero resultó inocente.
Otra historia instructiva es el caso de aquellos dos amigos de niñez, de familias, de parrandas y cacería, que siendo uno de ellos jefe civil gomecista y ante la denuncia de la alteración del orden público por su amigo y compadre, pasado de tragos, ordena su arresto, y cumplido el lapso de ley, él personalmente lo libera y juntos los dos amigos se marchan a celebrar la excarcelación.
En ambas historias resalta el imperio de la justicia, el sentido moral, el comportamiento ético, la actitud honesta y la conciencia jurídica, convergentes en un hecho político institucional fundamental, trágicamente extraviado de la conciencia del venezolano: El cumplimiento del deber.
En términos prácticos, el cumplimiento del deber no debe ser visto como la utopía de la sociedad perfecta, sino como el modo de vida cotidiano acorde con la racionalidad que privilegia al ser humano, y como la condición sine qua nom para la posibilitación de la pacífica y plena coexistencia social.
El instrumental político objetivo, trascendente, perfeccionador y eficaz, necesario al cumplimiento del deber, existe: La institucionalidad política, jurídica, democrática, en Estado de Derecho y bajo la primacía de los Derechos Humanos. Objetivo: Porque responde a la verdad real, a la de todos. Trascendente: Porque no se restringe efectistamente a una circunstancia dada, sino que integra lo sido, lo siendo y lo por ser, en una única expresión existencial: La nación. Perfeccionador: Porque permite traslapar la muy humana degradación natural por los vicios, antivalores y perversiones, hacia la prevalencia de las virtudes, valores y bondades existenciales, en lo evolutivamente posible y en lo suficientemente viabilizador de la sociedad.
Esta reflexión surge a raíz del sonado caso del Alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, quien por hecho comunicacional público despotricó miserablemente de cierta creación artística decorativa de los espacios de uso común propiedad de la alcaldía bajo su titularidad, en la circunstancia de que la obra es creación de niños en condición de educación especial.
Dado el hecho y analizado el discurso del Alcalde en el caso en cuestión, no es posible establecer, en forma alguna, la existencia de una instigación al odio, ni siquiera de un trato discriminatorio a los creadores de la obra. Lo que sí se evidencia descaradamente, aparte de la carencia absoluta del sentido estético y artístico, es el irrespeto grosero por la creatividad solidaria con el bien común, por el obrar de buena fe de un grupo de ciudadanos, por la actitud pedagógica tras la labor de los niños, cuyo valor se mide, por sobre las cualidades artísticas, desde el aprendizaje de ciudadanía implícito; irrespeto por la investidura del cargo público que ejerce y por el comportamiento ético y honorable que aspira la ciudanía de la parroquia, quienes son los titulares primarios del reproche político, social y humano a la actitud del Alcalde, revocándole el mandato e imposibilitando su reelección por la fuerza de la conciencia y dignidad ciudadana.
Así crecen las comunidades humanas. Así se hacen grandes las sociedades. Aprendiendo debidamente de los errores, ignorancias, vicios y carencias, asumiéndolas como de todos, no con puritanismo hipócrita, y actuando en consecuencia con sentido de justicia, ética y de aleccionamiento social.
Porque ¿quién lanza la primera piedra? Acaso el gobernante, que ha destruido o dejado perder o olvidado o despreciado o denigrado del obrar intelectual, artístico y cultural de ciudadanos, por razones ideológicas bastardas? ¿acaso no despojaron de la razón histórica y del significado vivencial humano a El Calvario, al cambiarle el nombre por el de un caudillo arrabalero del siglo XIX? ¿acaso no recibió un gran ciudadano venezolano el más importante premio de Lengua Española, bajo la ignorancia absoluta y el desprecio miserable de los titulares de los poderes nacionales? ¿acaso no padecemos los venezolanos la existencia de programas radiados y televisados en donde se despotrica, insulta, imputa, acusa y sentencia por diversidad de delitos a ciudadanos contrarios a sus grupos políticos?. ¿Acaso los profesionales universitarios, generalmente formados bajo criterios de seccionamientos irreconciliables del conocimiento, o bajo premisas discriminatorias y elitistas del saber? ¿acaso no ha mirado alguien con desdén la obra maravillosa del artista de plaza, pero alaba otra de igual o de menor significado artístico o estético, sólo por el hecho de contextualizar un estatutos social más "digno"? ¿Acaso los ciudadanos, que destruyen, subvaloran, olvidan, desprecian su patrimonio cultural, y permiten que los gobernantes que eligen hagan de las suyas con su historia, sus valores, sus creencias y su fe?
En conclusión, la gravedad del caso del funcionario público en cuestión, no radica tanto en el hecho bochornoso y la actitud detestable ante el hermoso mural, que sujetos así, de haberlos haylos, y muchos, en todos lados; sino en la respuesta de la institucionalidad política y grupos diversos de ciudadanos; traspasando los linderos de la legalidad y la justicia hacia la venganza instintiva, hacia el retorno al primitivismo de la justicia tumultuaria, hacia el cobro de irracionalidad por irracionalidad, hacia el absurdo de condenar "la paja en ojo ajeno, y no la viga en ojo propio", cuando no hacia el pase de factura política y el aprovechamiento miserable del caído en desgracia.
Cierran esta reflexión, las historias que la iniciaron y sus lecciones de vida. Desde ellas podemos decir que no se trata de defender al Burgomaestre en cuestión, sino al justo cumplimiento de la ley, a la racionalidad y el sano juicio de la sociedad, a la prevalencia irrestricta de los Derechos Humanos, a la preservación del Estado de Derecho y al deslinde de los intereses y afectaciones personales, con el cumplimiento del deber.
Ojalá aprendamos también de la lección de democracia y de la justa separación de los poderes, que acaba de dar el titular del Ministerio Público en la vecina Colombia, cuando, ante ciertos requerimientos invasivos a su autoridad, le respondió al Presidente de la República: "Usted no tiene facultad para ordenarme". Siendo ese el requisito fundamental para el eficiente cumplimiento de los deberes del Fiscal General: La preservación de su potestad constitucional, a la cual está sujeta el propio Presidente de la República.
La crisis social de Venezuela no es de economistas ni de juristas ni de políticos ni de científicos sociales, sino simplemente de racionalidad, moral, ética y del cumplimiento de los deberes; valga decir, es cultural, y por ende, su resolución es por vía esencialmente pedagógica, del aleccionamiento social, y no de la liberación de los demonios atávicos del linchamiento tumultuario, del cual, a la final, no se salva nadie.
Javier Rodríguez
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