Es que de la lógica “convenida” y
“formalizada” de lo común, no se escapa nadie, pues es una manera, intencional
o inconsciente, de conciliar o ajustar el querer con el poder, es decir, no
razonamos los hechos en su significados, propósitos y alcances reales,
sino que, o los ajustamos falazmente a nuestros intereses o nos amoldamos a sus
falacias, ya por conveniencia, ya por intereses malsanos, por ignorancia, ya
por pereza mental, ya por simple comodidad.
EL
QUE HACE LA LEY, HACE…
En ese sentido, la constitución
aprobada el año 1999, hubo sido modelo de organización, distribución y
eficacia política del poder, de la justicia como valor superior, de lo
“popular” como poder del Estado, de la “democracia participativa” y de la
prevalencia de los derechos humanos, inmanentes y progresivos, desarrollados
dentro de un espíritu constitucional eminentemente garantista…, hasta que
comenzaron a evidenciarse ciertas contradicciones y vacios que la
desestructuran, asistematizan y merman su eficacia.
En primer lugar, la Constitución
Nacional (CN), permite, como está ocurriendo, que en realidad coexistan dos
constituciones: Una literal y otra interpretada al libre criterio del titular
de órgano de justicia, quién, a falta de las debidas restricciones de su facultad
de interpretar el texto constitucional en casos de comprobada contradicción o
de lagunas o vacíos de ley en sus disposiciones, se arroga la potestad de
interpretación absoluta de la CN, por sobre el significado justo de los
términos, por sobre el sentido correcto del texto, por sobre la lógica
funcional del contexto y por sobre la proyección lógica, teleológica, desde y
hacia el espíritu, propósito y razón de la CN. Tal contradicción violenta
los principios de primacía y unicidad de la constitución, de publicidad de ley,
de legalidad, de separación de poderes, además de pervertir e inutilizar la
estructura constitucional, y con ello todo el sistema jurídico del país, amén
de abrir compuertas para abyectos propósitos políticos.
De esa forma se han venido generado
decisiones jurisdiccionales de cuestionable constitucionalidad. Una de ellas,
es el haber desproclamado a tres diputados legítima y constitucionalmente
electos y proclamados por el Poder Electoral, con el pretexto de presuntas
irregularidades en los correspondientes comicios, conforme a la denuncia de un
participante perdedor. El asunto es que el TSJ ha debido procesar la denuncia,
y si procediere, por haberse comprobado los hechos y constatado su incidencia
determinante en los resultados, anular la elección e iniciar, si fuere el caso,
el enjuiciamiento de los diputados conforme al procedimiento especialísimo que
corresponde; pero de ninguna forma podía desconocer a los diputados la
inmunidad que su investidura les concede, que garantiza la autonomía, majestad
y legitimidad del Poder Legislativo Nacional y, principalmente, preserva la
voluntad del soberano.
Luego sigue retahíla de anulaciones de
leyes, por inconstitucionales, bajo el criterio de que el Poder Legislativo no
puede aprobar ninguna ley que contraríe los propósitos políticos del Poder
ejecutivo. Lo cual constituye una aberración de la institucionalidad y la
negación y abrogación del poder del Estado de mayor legitimidad y
representatividad, pues, bajo esa premisa del sentenciador, el Poder
Legislativo debe legislar conforme a la orientación político-ideológica
del gobernante de turno, entonces, para qué los proyectos políticos y toda su
parafernalia teórica, para qué los partidos, si priva un criterio, un hombre,
un partido, una nación y un destino… (¿Dónde se dijo algo parecido…? ¿Sería
en Europa…?)
Al contrario, la confrontación política es
uno de los caracteres principales de los dos poderes del Estado electos por los
ciudadanos mediante votación universal, directa y secreta. Confrontación
orientada hacia la expresión e integración institucional propositiva de todos
los factores, corrientes, movimientos y partidos políticos del país. Pero no se
trata del confrontar obligante sino del simplemente posible, y que, en su
sentido ideal, se gesta fuera de la estructura institucional, en la voluntad
manifiesta del ciudadano mediante el sufragio. Luego entonces, es el ciudadano,
consciente o intuitivamente, quien decide el grado de confrontación
política posible entre ambos poderes, de manera que el mayor equilibrio logrado
constituye sus óptimos, en cuanto a la expresión de la auténtica voluntad
popular.
Así mismo, hasta hace poco se creía que lo
relativo al estado de excepción, estaba suficientemente explicito en el
capítulo constitucional correspondiente; hasta que la constitución interpretada
dijo todo lo contrario. Conforme la Constitución formal vigente, el decreto de
excepción procede, por su máximo de dos meses, si, y solo sí, la Asamblea
Nacional lo “considera y aprueba”, el TSJ declara “su constitucionalidad” y la
AN no lo da por cesado, luego del primer mes. Disposiciones acertadas
jurídicamente, pues se ajustan al espíritu garantista y protector de la
CN, resultando evidente la intención confrontadora, integradora, conciliadora y
controladora de la norma, en expresión del mandato del elector, de que el
debido y legítimo control institucional exprese justamente su voluntad,
Sin embargo, la constitución interpretada,
la ilegítima, dice lo contrario: que el requerido pronunciamiento de la AN
no tiene efectos jurídicos, solo “políticos”, y por ende no puede dar por
concluida la emergencia antes del término de dos meses y tampoco aprobar
su prórroga. De esa forma, el Ejecutivo Nacional puede gobernar bajo emergencia
económica durante los seis años de su mandato, repitiendo cada dos meses el
mismo procedimiento absurdo.
El Poder Legislativo, al estar legitimados
por el sufragio y por ser el cuerpo deliberativo institucional por
excelencia, todos sus actos son de carácter político, con efectos
jurídicos la mayoría, y otros, como los acuerdos y exhortos, con efectos
meramente políticos (estricto sensu). Las leyes no son sino actos políticos con
efectos jurídicos. Siendo por eso que el Poder Judicial no puede crear leyes, sino
subsidiariamente, bajo condiciones extraordinarias (o al menos, por la
elemental lógica del sistema, debería ser así).
De lo anterior se desprenden dos aristas.
Una, que el Poder Judicial no puede fundamentar sus decisiones en criterios
políticos, pues invadiría los campos de actuación de los otros poderes,
deviniendo en factor de la diatriba política y pervirtiendo así su rol de
administrador de justicia, de árbitro imparcial y justo; por ejemplo, en
varias de las decisiones en cuestión, se decide en referencia a una “guerra
económica, concepto de definición confusa, incluso argumentando al
respecto, cuando, por la sana lógica jurídica, le está vedado establecer
relaciones de causalidad respecto de acontecimientos de apreciación tan
subjetiva y que no están jurídicamente establecidos. ”La otra, es que, al tener
todas sus decisiones efectos políticos, y al poseer legitimidad derivada
respecto del cuerpo social, al ser nombrados sus titulares por la AN, el Poder
Judicial debería estar bajo el control institucional, social y políticamente
eficaz de ésta, mediante actos como la interpelación de los magistrados
rectores, el veto institucionalizado a ciertas decisiones del Poder Judicial
que extralimiten sus facultades, invadan las funciones propias de los otros
poderes y o afecten traumáticamente valores sociales, históricos y culturales
muy arraigados en la nación. En fin, la cuestión sería desmitificar el
absurdo de encallejonar a la sociedad en un sistema que inicia en lo político y
se ahoga sin retorno en lo jurídico, cortando el cauce natural y lógico
que reorienta lo jurídico hacia lo político, hacia la conformación del círculo
virtuoso de la sociedad estructurada sinérgica y holísticamente en un sistema
institucionalizado, cuyo epicentro sea el ser humano.
Empero, el punto de quiebre de la
institucionalidad del Estado, lo marcó la decisión del Poder Judicial de
desconocer la investidura de los diputados titulares del Poder Legislativo, y
por ende, anulando la voluntad del soberano, disolviendo la AN y traspasando
todas sus facultades al Ejecutivo Nacional, eliminando de facto un Poder del
Estado; todo bajo la excusa de hallarse la AN en desacato frente a un mandato
judicial de por sí cuestionable constitucionalmente. Porque, he aquí el
paradigma por romper, los poderes del Estado, por órgano de sus titulares,
pueden, mejor dicho, están en el deber de no acatar, de no obedecer ni validar
ningún mandato o acto de cualquier otro poder, que invada o menoscabe sus
competencias o sea evidentemente inconstitucional; pues resulta absurdo que un
Poder del Estado invoque la obediencia debida, a la institucionalidad, para
violentar a esa misma institucionalidad. Por lo que el conflicto de poderes es también
instrumento para autoprotegerse el Estado de las violaciones constitucionales,
que de otra forma sumirían a los Poderes en un mutualismo de “obediencias” y
“complicidades” institucionalizadas, que anularían la eficacia del Estado,
creando anarquía social.
También, conforme a esa sentencia del Poder
Judicial, el Poder Ejecutivo asumiría la facultad del legislativo de
sancionar leyes penales; lo cual, de hecho, anularía el Estado de Derecho, pues
ello es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, siendo aberrante
al sistema que el Poder Ejecutivo ejerza facultades fuera de sus competencias
constitucionales y del mandato del elector; además, el hecho de que el poder
rector de los cuerpos policiales de investigación del país, al mismo
tiempo decrete las leyes que sancionan los delitos que investiga, es, por decir
lo menos, una barrabasada.
Como si todo eso fuera poco, floreando mayo
y en vísperas del día de la madre, ocurre un hecho gravísimo para la vida
institucional del país, como lo ha sido la “convocatoria” a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) por el actual Presidente de la República, con
fundamento en los art 347 y 348 de la Constitución Nacional vigente.
¿QUÉ
QUIERE EL SOBERANO?
Legitimidad sí tiene el Primer Mandatario
para “iniciar la convocatoria”, pero no para convocar, como correctamente lo
especifica la norma. ¿Por qué así? Porque “la soberanía reside en el pueblo”,
como preclaramente lo define la norma; luego entonces, el único que puede
convocar válidamente a una ANC es el soberano, por manifestación de
su voluntad mediante referendo consultivo.
De manera que, el Presidente de la
República no está legitimado constitucionalmente para convocar a la ANC, porque
estaría por sobre la voluntad del soberano, lo cual es absurdo, ya que
entonces, la “soberanía” resultaría en falacia, porque, cómo puede el soberano
presumirse de tal, si no le permite decidir cuándo, cómo, dónde y por qué
se constituye en ANC por delegación de su poder. Dicho de forma más
llana, el soberano se conforma en ANC si le viene en gana; y más aún, por
sobre la Asamblea Constituyente tiene el derecho primigenio de su poder
soberano: el de rebelión, reconocido por la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Yo convoco, asegura el Presidente de la
República, yo quiero que sea de esta forma, por esto, para esto, yo “invito” a
fulano o a zutano… yo... yo… yo… La pregunta sería, entonces ¿Qué es lo
que quiere el soberano? ¿No le interesaría saber al Poder Electoral, siquiera
por curiosidad, si el soberano desea constituirse en ANC? ¿Qué se cree el Poder
Electoral, una oficina coordinadora de elecciones o un auténtico Poder del
Estado? ¿Cómo es que el Poder Judicial puede desproclamar a los diputados así
por así; o el Titular Poder Ejecutivo “convocar” a una ANC, y lo que ella
significa, ¡¡refundar la República!!, simplemente porque se levantó con el pie
izquierdo o porque lo ha soñado o porque se le antoja?
En este caso, la falta de especificidad de
la norma responde a esos gazapos constitucionales, puestos allí
intencionalmente para servir, según la situación, de celada o escape político.
La “viveza” del constituyente radica en que redacto correctamente la norma, ya
que si hubiese usado el término “convoca” en vez de “iniciar la convocatoria”,
la contradicción habría sido más que evidente. Ese es el problema de de los
“sobreentendidos” en las disposiciones legales, pues en su momento “todo el
mundo” “sabe” lo que no dice expresamente la norma, pero luego, según convenga
o no, ese vacío sirve para burlar la ley. Ese es el peligro de los procesos
constituyentes deslegitimados, crean constituciones que se desmoronan como
terrón de azúcar por sus propias trampas, arrastrando con ellas al país.
Analizada en modo, lugar y tiempo, esta convocatoria
a la ANC, írrita, como se ha evidenciado, pudiere servir para:
En primer lugar, ocultar el estrepitoso
fracaso de la gestión económica. Ya que, sea bajo la excusa que sea, no
existen motivos para que luego de 18 años el venezolano sufra la mayor
inflación del mundo, con la calidad alimenticia criminalmente en caída libre,
con estándar de vida decreciente hasta lo miserable, con miles de empresas
cerradas por falta de insumos o expropiadas y entregadas a la camarilla
partidista, con la anulación de la libre producción y competencia, con la
espada de Damocles comunal pendiendo sobre el productor, el creador y el
emprendedor, y con el malogro de todas las políticas tendientes a incrementar
la producción y a controlar la inflación siquiera hasta niveles de
sobrevivencia, incluyendo el fracaso de la política del reparto de cajas con
alimentos, cuyo acceso es más difícil que al premio del detergente;
ni se diga de unos tales “motores económicos”, que no arrancaron y jamás podrán
hacerlo.
En segundo lugar, para escapar hacia
adelante, dada la inminente derrota en los comicios regionales pendientes,
debido a las deficientes gestiones de los gobernadores y alcaldes
“bolivarianos”. El problema, para esos gobernantes regionales, es que su
eficacia se mide en relación a las expectativas creadas por un proceso
pretendidamente “revolucionario”, respecto del cual, de hecho, presentan
grandes desfases. Es decir, el gobernante nacional dice una cosa y su
gobernante regional hace otra. Por ejemplo, ante la presunta “guerra”
económica, según lo afirma el Ejecutivo Nacional, los gobiernos regionales ni
se han enterado, pues de lo contrario sería otro su proceder logístico y
estratégico.
En tercer lugar, he aquí lo más grave, para
destruir de una vez por todas el Estado social democrático de derecho y de
justicia, conceptualizado sabiamente por la constitución vigente, y sustituirlo
por un Estado comunal. Siendo ambos estados conceptualmente antagónicos,
ya que responden a criterios políticos, jurídicos, sociales, culturales,
filosóficos, epistemológicos y axiológicos, que plantean al ser humano, su ser
individual, su ser social, su cosmovisión y, por ende, su actitud existencial,
desde perspectivas contradictorias y excluyentes.
ESTADO
COMUNAL VS ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA
En concreto, lo que disecciona
políticamente a Venezuela hoy en día, es el dilema entre esas dos perspectivas
existenciales, que, como se ha dicho, se expresan en sendos modelos de
Estado, el comunal y el democrático de derecho y de justicia.
Para el Estado comunal, el ser humano es
objeto de la historia. El individuo está mecanizado materialmente a la historia
que lo determina existencialmente, situación de la cual sólo puede liberarse
revirtiendo, revolucionando, el orden natural, social, de las cosas, tomando
conciencia de su condición objetual, vasallo, proletario, obrero, pueblo, para
hacerse sujeto constructor de su propia historia. Este individuo ha sido
escindido históricamente en dos seres (clases): El privilegiado, explotador,
usufructuario del poder; y el oprimido, débil, pisoteado por el poderoso y por
la toda la estructura social conformada para sustentar ese estatus quo. Así
pues, luego del enfrentamiento inevitable entre las clases sociales, el nuevo
orden social será justo, igualitario y pacífico, gracias a la voluntad del
súper individuo, colectivizado por la conciencia de clase, dueño y señor de su
ser, monarca de sus pasiones, emperador de sus antivalores y soberano de
sus creencias, él será Dios. Al final, la historia no es sino una farsa
ontológica, con fecha de caducidad. El individuo objeto es pueblo y el pueblo,
consciente de sí, es colectivo; por lo que el ser individual no tiene espacio
vital posible. El individuo es objeto por determinación histórica y sujeto por
su voluntad, de la cual emana todo, por tanto, le basta el querer para
poder; él es esencialmente voluntarista. Siendo esa voluntad plena de poder,
una conclusión histórica justa, y en consecuencia, verdadera; luego, no admite
contrarios, pues entonces la misma dialéctica, ya superada, la negaría como
verdad, y no siendo verdadera no es plena, y por ende, resultaría
nuevamente oprimida. Es decir, ese individuo, redimido de la historia, aliena
su conciencia hacia el colectivo, avasallado otra vez en su uno, por un de
todos que no es de nadie. Ese ser ido de si, con su lógica existencial
excluyente y en conflicto perenne, dueño de la verdad revelada por la historia
y sin el sosiego existencial de no alcanzar la “utopía”, es contrario a la diversidad
de la democracia, que construye lo verdadero desde el todos; no tolera la
alternabilidad, porque es impedimento para alcanzar su nirvana, la sociedad
comunal; y, por consiguiente, le estorba la institucionalidad, que le entraba
la hegemonía de su verdad en la sociedad.
Para el Estado democrático de derecho y de
justicia, al contrario, el individuo es sujeto de la historia, él no la sufre o
padece hasta un hasta qué, sino que la vive, la sufre, la goza, la llora, le
canta, desde siempre y por siempre. Su ser no se escinde en dos por una
historia cruel, al contrario, se hace más uno con el devenir existencial
histórico. Él hace la historia y la historia lo construye en su humanidad. Él
se sabe vasallo y señor, por eso, su lucha no es contra el otro sino contra sí
mismo; por eso, el dilema no es material sino espiritual, por eso, no pretende
el absurdo de extinguir al otro para ser en plenitud, ni abandona su ser para
ser colectivo, pues es desde la plenitud del uno que se construye la riqueza
del todos. Él se sabe expresión diferenciada de un ser humano social, que lo
trasciende en la potencialidad de ser y en espacio y tiempo, que lo integra
holística y sinérgicamente al todos, mediante la estructura sistemática de la
institucionalidad. Él no tiene la verdad, la busca con el otro, la construye
entre todos. La incertidumbre es su motor. Él necesita de la diversidad su
complementariedad y riqueza existencial. Él, en cuanto sujeto histórico es
pueblo, y en tanto sujeto de derechos, es ciudadano. Él no persigue utopías,
pues su utopía es su humanidad, y él la posibilita en su aquí y ahora, es su
responsabilidad histórica y su derecho humano.
En conclusión, el Estado democrático de
derecho y de justicia, política y ontológicamente, con todos los problemas que
pudiere tener, que son tan diversos, complejos y contrastantes como lo es
el ser humano, es la única vía para avanzar hacia la justicia, igualdad,
solidaridad y la paz. No existe alternativa posible, la historia lo ha
demostrado.
LA
CONSTITUYENTE COMUNERA.
Por eso, resulta insólito, troglodita,
insultante y temerario que un grupo político pretenda imponer, por vía
institucional, la hegemonía de su verdad, negando, de hecho y de derecho, al
menos a la otra mitad del país, y desconociendo, a troche y moche, valores
democráticos tan caros a nuestra cultura occidental.
Lo que ocurre hoy en nuestra patria, es la
concreción de lo que se temía hace ya diecisiete años: que se impusiera la
hegemonía comunal colectivizante por sobre la diversidad de la democracia
socializante de lo humano. Afortunadamente el gobernante de aquel momento, de
gran liderazgo e impulsor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999,
no resultó tan torpe en política como se esperaba, pues la Constitución
promulgada es políticamente muy equilibrada, lo cual es requisito sine qua non
para la estabilidad y paz de toda república democrática.
Pero de cuatro años para acá, con llegada
al poder de los sectores más radicales y fanatizados, aquellos temores han
retornado, con el agravante de que éstos, ni por asomo, cuentan con el
liderazgo y el apoyo electoral de aquel gobernante, ni tampoco tienen su visión
estratégica política.
De allí la necesidad de establecer
lineamientos generales de acción para contrarrestar, con la mayor eficacia
posible, semejante peligro que se cierne sobre nuestra patria. En el
entendido de que, si no se conoce el trasfondo ideológico de esos actores
políticos, y si no se está claro de lo que está en juego y de cuál es la
responsabilidad política de cada quien, cualquier acción para enfrentarlo
resultaría torpe e ineficaz.
LA
INEFICACIA TIENE NOMBRE…
No puede quejarse el factor político que
gobierna, de no haber tenido oportunidades para desarrollar una excelente
gestión dentro del Estado democrático, que su trasfondo ideológico tanto
aborrece, pues las ha tenido todas. Dieciocho años mandando desde el Poder
Ejecutivo, el haber sido mayoría en la ANC de 1999, casi todas alcaldías
y gobernaciones bajo su control político, y 15 años con el control
del Poder Legislativo, y todo lo que ello implica, amén de ingresos petroleros
ni soñados por país alguno; constituye un fundamento
político-social-jurídico-económico tan inmenso que alcanzaría, no para
reconstruir una Europa, sino para hacer cinco nuevas, de paquetes.
Luego de todo ese vasto poder político,
habría que solicitarles que muestren uno, tan solo un municipio o un
Estado que sea ejemplo indudable y definitivo de las “bondades” de su proyecto
político. Es que no se comprende por qué no han sido capaces de presentar
resultados integralmente concretos, en forma, modo, lugar y tiempo, y solo
acciones aisladas o descoordinadas o descontinuadas.
No lo han hecho y no lo harán, no porque no
lo quieran, si se presume la buena fe, sino porque su parafernalia ideológica
no los deja. Si se pretende extinguir al otro, opuesto, en vez de
complementarse con él. Si se apuesta a la personalidad de un “jefe”, y no a la
racionalidad de la institucionalidad. Si se gobierna a “pueblos” y no a
ciudadanos. Si se sufre de miopía en lo social, y no se ve la sociedad en toda
su complejidad y riqueza existencial. Si se disecciona la sociedad en dos
partes irreconciliables, en vez integrarla, cohesionarla, hacia un propósito en
común. Si no existe el apego irrestricto al estado de derecho. Si no se tiene a
la ética como horizonte irrenunciable. Si no existe control respecto de la
eficacia real del proyecto político, por sobre los intereses egoístas
particulares. Si no se cree en la estructuración sistemática, holística,
sinérgica, científica, teleológica y espiritual del acontecimiento social, y,
por el contrario, se apuesta a la improvisación, a un “porvenir”” final” que
nunca llega porque no puede ser final de nada. Si se reniega del conocimiento
crítico y de su capacidad potenciadora de lo social, apostando por el
voluntarismo autómata del colectivo. Si se niega la maravillosa capacidad
creadora e integradora del individuo hacia su ser social, subsumiéndolo en
colectivos, cuya lógica y racionalidad promediadoras, despoja al ser humano de
su espíritu creador, descubridor, inventivo, sometiéndolo inexorablemente al
absurdo de la media de la media del colectivo. Si no se reconoce y respetan los
emprendimientos productivos, en tanto manifestación creadora, descubridora e
inventiva del ser individual, y en cuanto expresión lógica, racional y
espiritual de la complejidad del ser social humano, y solamente se ponderan las
posibles perversiones de su carácter productivo material… Si todo ello se
junta, resulta imposible viabilizar cualquier proyecto político, al menos en
nuestro planeta tierra.
El factor político en gobierno, luego de la
aplastante derrota electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre
del 2015, sin considerar lo que no hubo hecho desde dos años antes, cuando
arreció la espantosa crisis económica y moral que padece hoy la
patria de Bolívar; en un acto ético-estratégico, de racionalidad política, ha
debido entregar la conducción del proceso “bolivariano” a una dirección
nacional, conformada por un grupo amplio de los factores representativos
de toda la izquierda del país, desde el centro hasta el extremo, y con un solo
problema a desarrollar, en todos sus aspectos de modo, lugar y tiempo : ¿qué
hacer?. Sin embargo, todo continuó igual tras el maquillaje tísico
de algunos congresos aclamatorios, reuniones y del clásico habla que te habla…
Es que nomás en diciembre recién pasado, ha
debido el actual gobierno, como tarea de resolución de problemas, conformar dos
grupos de trabajo multidisciplinario, que en par de turnos durante todo el mes,
desarrollaran una fórmula viable para lograr, como inicio, sí por sí, siquiera
estabilizar y lanzar a la baja, al menos ocho productos básicos; usando
para ello, sin discriminación alguna, todo el conocimiento de la humanidad,
todos los medios científicos y tecnológicos disponibles en la actualidad
y toda la fuerza y poder del Estado; y si no lo lograren, mejor les saldría a
esa dirigencia política, renunciar y dedicarse a regar las plantas en el jardín
de sus casas.
Los políticos asumen el poder para
solucionar problemas, es decir, para darle viabilidad a la sociedad, no para
rubricar cheques. Con puro buche y pluma no se puede gobernar. Si no se
fundamenta la acción en el conocimiento, el país seguirá al garete, en un
océano de improvisaciones, de presentimientos, de excusas y de un voluntarismo
crónico.
Retiraron a Venezuela de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos porque les estorbaba. Y se terminan de
retirar de la OEA, tras andanadas de insultos a la mayoría de países miembros.
La verdad sea dicha, daba la impresión de que entre los representantes de esos
países no estaba la ciudadana Canciller de Venezuela ante un foro
internacional, sino la niña traumatizada “cantándole sus cuatro verdades”
a quienes considera los culpables históricos del asesinato de su padre. Muy
elocuente y muy digna la canciller en su argumentación, empero, no era la forma
ni el lugar ni el momento. Los cancilleres, más allá del gobierno que los
titule, representan formalmente a un Estado, a una nación, a una patria, por
ende, es de estrategia elemental “respetar” la formalidad para mantener el
vínculo con ese trasfondo político-social-cultural que está por sobre cualquier
gobierno de turno. Así como también es verdad, que los países de la región
tienen gama amplia de argumentos para justificar su preocupación, pues los
yerros políticos del nuestro gobernante son de palco, en otras palabras, si
esos representantes lanzan pedradas, es porque tienen piedras… Y no vale
refutar cuestionando la cualidad moral para lanzarlas, las piedras, pues no se
trata de quién es más honesto, sino del ser ético como país bajo las
circunstancias que sean, tanto para defenderse de los ataques injustos, como
para aceptar las críticas fundadas. Cuán diferente habría sido si Venezuela
tuviese resultados incuestionables de desarrollo y progreso que ostentar ante
la comunidad internacional; o que, en la situación actual, siquiera hubiese
acudido a la OEA digna y altiva pero en otro tono, y con la humildad para
aceptar sus errores. Pero para eso se requiere un vuelco ideológico, que el que
tiene la verdad agarrada por el moño, no puede dar.
Las expresiones del representante de
Argentina ante la OEA, cuando se deliberaba sobre el destino de la CIDH son
para reflexionar. Comentaba el funcionario, que durante la feroz dictadura del
general Videla, la última esperanza, el pequeño tronco flotante del cual
asirse, lo constituyó, con todas sus imperfecciones, errores y
cuestionamientos, la CIDH, es decir, que nadie pondera lo que tiene hasta que
lo pierde. Hace apenas 100 años, pensar en una OEA o una CIDH como
las actuales, era utopía; actualmente por supuesto le exigimos mucho más,
entonces impulsémoslas, o al menos conservémoslas, mientras sean sustituidas
evolutivamente, pero no las destruyamos.
Con algunos logros incuestionables, la
gestión del gobernante se le esfuma en una sociedad que le resulta
inmensamente grande y compleja a su corta visión política, porque para pensar
políticamente en grande, hay que mirar y valorar en concreto al ser
humano, en toda su riqueza y complejidad existencial. Sólo si se visualiza lo
humano desde cada párrafo de su existencialidad, se podrá comprender el contexto
del fenómeno social. Tiempo pide el gobernante, tiempo para qué y hasta qué, si
en el mundo actual tan acelerado, el tiempo es más que nunca su principal
enemigo. Los cambios sociales, la utopía, es aquí y ahora.
Un país en donde, al cabo de 18 años de
“revolución”, el billete de más alta denominación (100 Bs. hasta hace unos
meses) alcanza apenas para comprar un caramelo, en donde incluso los billetes
se compran, en donde la “borra” de café es revendida, en donde la mantequilla
es base para jabón pintada y aderezada, en donde una pieza de pan es lujo, en
donde los vehículos se desarman por falta de repuestos, en donde las carreteras
son de huecos y el asfalto un bien escaso, en donde fallecen neonatos por
centenas por falta de asepsia en los hospitales, en donde los medicamentos
constituyen un privilegio, en donde la vida se esfuma en “colas” sin fin, en
marchas con llegadas pero sin rumbo, en la tómbola del “beneficio” populista y en
rapiña y más rapiña sobre los alimentos y bienes que se pueda y alcancen para
sobrevivir.
Todo ello ocurriendo en un país que
literalmente flota sobre petróleo; con riqueza minera inmensa; con mares,
llanos, ríos, lagos y montañas; con productores, creadores, inventores,
obreros, profesionales, artesanos, artistas, escritores, poetas, deportistas,
cultores; con madres, padres, hijos, familiares, amigos, vecinos; con historia,
mitos y leyendas; con poesía y cantos; con alegrías, tristezas, sueños,
lamentos, añoranzas, esperanza y fe; con Constitución, leyes, garantías y
Derechos Humanos; con pueblo y con Dios Todopoderoso.
Luego entonces ¿qué le falta a ese pobre
país rico?
¡¡Ciudadanos¡!, le faltan ciudadanos.
Causas
Perdidas
También, resulta insólito ver aquellas
grandes causas de la izquierda, como el respeto irrestricto de la inmunidad de
los parlamentarios, la representación proporcional de las minorías, el
enfrentamiento de la corrupción, la violación de los Derechos Humanos por los
cuerpos de seguridad, el respeto al estado de derecho y la abrogación del fuero
militar para los civiles; echadas a la basura por quienes las reivindicaron
desde siempre.
“El
Talento sin Probidad es un Azote”
A todas estas, cabe preguntarse ¿Dónde se
encuentran los intelectuales y juristas afines al gobierno, los sectores
pensantes de la izquierda sensata? ¿Estarán de acuerdo con
esta locura política de convocar a lo machimberra una ANC?
A modo de estudio e investigación, deberían
los estudiantes de derecho, comunicación social, politología e
investigadores y curiosos en general, tomar observación a un quinteto de esos
intelectuales y juristas, registrando sus afirmaciones y argumentos en
pro de la ANC, tal como se “convoca” y desarrolla, para así comprender
cómo ha sido que los peores desastres sociales devienen de “racionalidades”
elaboradas y de verbos sofisticados. También para entender cómo esos
personajes, que le “halan” odas a acciones políticas tan torpes; en
el devenir, cuando la evolución les pasa factura, inmutables afirman: “yo lo
advertí”, “yo nunca estuve de acuerdo con eso”, “lo sospeché desde el
principio”, cuando no el clásico: “la culpa fue del imperio”.
Comienzan los juristas pro gobierno,
con estocada a la racionalidad, sobreponiendo el “espíritu del
constituyente” al espíritu, propósito y razón de la Constitución. ¡¡Válganos
Dios!! Toda obra escrita, se independiza del querer y voluntad del autor y
adquiere su propia lógica, racionalidad y espiritualidad; más aún la
Constitución Nacional, por su significado político-social-jurídico y por las
formalidades que la concretan. De tal forma que el “espíritu del
constituyente” fenece con la sanción de la Constitución, sirviendo el registro
de los debates solamente como material de estudio y análisis
jurídico-político-sociológico. La Constitución tiene su espíritu propio, es su
cualidad fundamental, es por eso la norma matriz, ese carácter sustenta su
estabilidad. Ahora sí, existe un espíritu cuyo escrutinio toda Constitución no
puede evadir, por ser el “destinatario” de la Carta Magna: el espíritu de la
sociedad, que la valora, la aplica, la reforma y la cambia, conforme a su
circunstancia existencial. De manera que, ese volcarse el espíritu
constitucional hacia la sociedad, supone su revalorización ética desde cada
momento existencial y, necesariamente, su actualización o
reespiritualización, pero conservando su esencia. Ese espíritu
reespiritualizándose perennemente, a su vez deviene y conforma un gran espíritu
histórico que resume principios, valores, conocimientos y creencias en común;
siendo aquí en donde cabe el estudio y análisis del espíritu del constituyente,
en cuanto manifestación del gran espíritu histórico, pero formal e
irremediablemente separado del espíritu constitucional. En definitiva la
Constitución es un acontecimiento cultural; fundamentalmente estable y
esencialmente dinámico, siendo de esos hilos, estabilidad y dinamismo, de los
cuales pende la sociedad.
Dentro de su onirismo político, manifiestan
también asombrados esos juristas e intelectuales, que no entienden por qué, por
ejemplo, Chile todavía se rige por la Constitución aprobada y promulgada
durante la última dictadura que gobernara el país. Tratemos de darles
entendimiento: Los chilenos no cambian de sopetón su Constitución Nacional,
porque simple y llanamente les funciona; mejor dicho, consideran que no existen
condiciones político sociales para efectuar el cambio del basamento
institucional del país, que significa la ANC, sin riesgo evidente de
generar graves perturbaciones en la sociedad chilena, que pudieran retrotraer
un pasado reciente no deseado. Porque las constituciones estables
políticamente, sobretodo deben ser per-ti-nen-tes, o sea, responder a un
momento histórico, deberse a una aspiración evidentemente mayoritaria y ser
convalidada por todos; y para ello, en nuestro caso venezolano, es de
Perogrullo que su convocatoria y su entrada en vigencia, debe ser aprobada por
el soberano. Un caso paradigmático de la pertinencia es el Reino de España,
cuya constitución resulta en un híbrido si se quiere contradictorio y bastardo,
y flagrantemente vestigial, pero al expresar en su texto integralmente a la
sociedad española, en sus valores, en sus creencias, en sus aspiraciones, en su
cultura y en su fe, ella cumple su cometido, en cuanto norma fundamental, de
posibilitar el desenvolvimiento pacífico de la sociedad; algo muy caro para una
nación que enfrentada por la intolerancia en guerra fratricida, vio correr,
junto con la de millones de hermanos de patria, “la sangre de Ignacio” y
de Lorca sobre la tierra.
Esos casos señalados, también ilustran
sobre la determinación entrópica en la configuración y reconfiguración de las
sociedades, o sea, el orden y la paz, relativa, no son producto de síntesis
dialéctica, determinante (en sentido causal) y finalista, no puede serlo nunca,
sino que expresan el mejor equilibrio posible de los diferentes factores,
principales y secundarios, que integran el cuerpo social. Ahora, ese
equilibrio de suyo es estable dentro de su inestabilidad inherente, es decir,
su estabilidad es su óptimo natural, expresante de una dinámica probabilística
que le da ese carácter de imponderabilidad a lo social, en donde, hasta
un insignificante cambio de algún factor puede transformar radicalmente la
historia, cuyo desenvolvimiento pierde relación de causa con el acontecimiento
inicial hasta conformar un nuevo estado de cosas dentro de la sociedad, en
mayor o menor grado predecibles, pero no predeterminables; resultando que las
constituciones participan protagónicamente en ese complejo fenómeno social, que
la lógica y racionalidad puede simplificar en un lema existencial: tanta
estabilidad como sea posible y tanto cambio como sea necesario; es decir,
equilibrio y pertinencia.
Por supuesto que las constituciones no son
perfectas y en sus textos hilan sofismas y en sus recodos cobijan gazapos, en
tanto la dinámica social las amerita y las pasiones e intereses políticos las
descalifican; pero su estabilidad debe estar por sobre todo ello, activando los
mecanismos institucionales para sobrellevarlo, de lo contrario, el costo
político, en términos de la estabilidad y la paz social, pudiere ser muy alto.
…Y
LA TORPEZA APELLIDO
En cuanto a los factores de la oposición,
parecen estar en competencia con el Gobierno por el título del más torpe.
Con mucho más seguidores y simpatizantes de lo que ellos creen; siendo seguro
que ni están enterados, pues de lo contrario no actuarían como lo hacen,
desperdiciando semejante capital político.
Lo primero que deberían hacer esos
factores, si quieren constituirse en opción política viable, es imponer
el orden y neutralizar a los grupos extremistas, dejándolos en reserva, para
aprovechar su fuerza de choque en casos de legítima defensa. Luego constituir
un programa político democrático, de inclusión, conservando y ampliando
expresamente los logros sociales, abandonando esa intención retrógrada tan
torpe, para proyectar definitivamente su acción política hacia el devenir,
dándose por enterados de que la sociedad exige planteamientos políticos
inteligentes, lógicos, racionales, sensatos y sobre todo viables, que la
reenamoren políticamente como lo estuvo hace dieciocho años.
Frente
Unido por la Defensa de la Democracia
Si algo ha logrado la convocatoria írrita a
la ANC, ha sido crear un movimiento político natural y amplio, que trasciende a
los grupos opositores para constituirse en el gran factor político-social
de defensa del Estado democrático de Derecho y de Justicia, frente al Estado
comunal que se pretende instaurar ilegítima e inconstitucionalmente.
Ese frente debe tener cuatro premisas
fundamentales: Primera, ser lo más amplio, representativo y participativo
posible. Segundo, constituir un instrumento de expresión política para un
propósito determinado, la preservación del Estado democrático de derecho y de
justicia, por lo que el aglutinante es la causa en común y no la filiación
política, que se mantendrá a discreción de cada quién. Tercera, tomar
irrestrictamente la resistencia pacífica como medio de lucha, en consecuencia,
manejar a excelencia sus simbologías; por ejemplo, marchas de todas las
religiones, en todos lugares, en todo el tiempo, confrontando a una ideología
que ahora amenaza con hacer en Venezuela lo que ha hecho históricamente en el
mundo: exterminar a Dios ; y si lanzaren sus piquetes armados a obstaculizarles
el paso, pues allí se detienen los marchantes, armados solamente con la
fuerza de su causa y su fe, orando por los represores (Imaginemos el
significado de la imagen de la madre de Dios enfrentando a la barrera de
milicianos armados hasta los dientes). Cuarta, la estrategia debe ser
evidenciar la inconstitucionalidad de la convocatoria a la ANC, alertar sobre
el grave peligro que se cierne el país y deslegitimar el proceso, con miras al
referendo aprobatorio y eventualmente más allá; en el entendido de que
cualquier Constitución creada por una parcialidad política, bajo el camuflaje
que sea, no tiene viabilidad.
La suerte está echada. Los demonios del
fanatismo e intolerancia están desatados en la patria de Bolívar. Los fantasmas
del comunismo acechan nuevamente, ya sin fusil, ya con Constituciones, ya
camuflados de demócratas, otra vez con su verdad anarquizante, enemiga de la
pluralidad democrática y negadora del ser individual, de su libertad, de sus
creencias y de su fe.
Hay que sentir terror ante los criterios e
intencionalidad manifiestos y soslayados de quienes ejercen el gobierno. No son
temores infundados, la historia se lo ha hecho sufrir en carne viva al ser
humano.
Definitivamente debemos darle sentido lógico
a nuestra institucionalidad, conformar nuestro existir social bajo otra
racionalidad e integrarnos espiritualmente en nuestra
individualidad.
Nuestro fundamentalísimo problema como
nación, es cultural.
El día que comprendamos como sociedad, lo
mejor que podemos ser desde lo malo que somos, y actuemos en consecuencia;
entonces estaríamos iniciando la más grande y auténtica revolución.
Javier A. Rodríguez G.
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