miércoles, 12 de julio de 2017

CUANDO EL PUEBLO ES LA EXCUSA



El cambio definitorio de la política contemporánea ha sido el reconocimiento del individuo en cuanto sujeto de derechos inherentes a su ser, que vuelcan su situación político jurídica respecto de la estructura institucional expresada por el Estado, el cual, constituyéndolo en sujeto de derechos y garantías, posibilita su ser social y resume, integra y concretiza la conciencia común de nación y de patria  en el ente institucional natural fundamental: la sociedad.

Ello ha implicado la sustanciación de los conceptos de nación, patria y sobretodo pueblo, con lo humano, en su expresión existencial concreta, fáctica y trascendente, material y espiritual. Es decir, la identificación, la individualización del sujeto que desde la intimidad de su ser social construye la nación, hace la patria y conforma el pueblo. Un sujeto protagonista de su historia y no simple instrumento del pasado que fue y del devenir que nunca llega. Un sujeto que desde la generalidad del  “pueblo”  ha pasado a la concreción del ciudadano.

Un sujeto que desde ese ser ciudadano, cimentado en el reconocimiento de sus derechos inherentes a su ser humano, se erige como el principio y el fin de la razón natural del Estado, de la sociedad, del pueblo, de la nación y de la patria.

Cuántos “pueblos” han atentado contra sus patrias y destruido sus naciones bajo el pretexto de defenderlas y protegerlas.

El discurso político que indetermina al ciudadano y  exalta al pueblo, o al contrario, que aísla al ciudadano de su vínculo histórico con el pueblo; atenta contra la sociedad y no es factible políticamente.

“AMORES QUE MATAN”
En nuestra patria viene ocurriendo la exaltación burda y torpe del “pueblo” y sus “derechos” por sobre el ciudadano y la institucionalidad. Constituyendo la egida de lo del pueblo el factor justificatorio de la acción política. Así pues, la ineficiencia e ineficacia se “subsanan” por la intención; la corrupción es morigerada hasta el simple “error”, merced a la “buena voluntad” del sujeto; y, lo más grave, se violenta la Constitución y se vulnera el Estado de Derecho, todo por amor al pueblo.

También por amor al pueblo, en quince años se ha destruido cualquier posibilidad del emprendimiento productivo, por el desmantelamiento de todos los factores que lo posibilitan, merced a ideologías falaces. Por amor al pueblo se ha procedido a la repartición a diestra y siniestra del erario público, en un populismo sin nombre; olvidando enseñar a pescar en vez de la permuta del pez por el voto. Así, se regalan, cual caramelos en carnaval, casas, carros y electrodomésticos por millones; viviendas que pronto albergarán al menos 3 familias adicionales a la propietaria, que también exigirán las suyas; vehículos  y electrodomésticos que para el siguiente evento electoral exigirán sustitución, o no hay voto; y lo que es peor, la siembra del facilismo, la desvinculación del trabajo, del esfuerzo, de la creación, del estudio, de la investigación y de la producción con la riqueza de la sociedad.

Por amor al  pueblo también se redujo la jornada laboral, para el “disfrute” del “soberano”; sin considerar que entonces ¿quién produce?; y sin ponderar que culturalmente el venezolano no trabaja, en el significado  creador, productivo y del valor social del término; sino que “chambea”, “resuelve” o se “rebusca”, mientras le atina a la lotería o se encuentra el “tonto” en la calle  o le sale un buen “negocio” con el Estado. De ñapa, cuando se laboraba hasta el sábado al mediodía, el viernes era el “sábado chiquito”; y luego de que fuese abrogado el trabajo los días sábados (por amor al pueblo) entonces ahora es el jueves el “viernes chiquito”. Ni decir de los “feriados”, cuyos “redondeos” suman más días de bacanal que de trabajo efectivo.

Por amor al pueblo, se atenta contra la Constitución para enmendar los entuertos de las malas gestiones del gobierno. Perdieron la Alcaldía Mayor de Caracas y la gobernación del estado Miranda, cuando les era más difícil perderla que ganarla, por la pura y simple ineficiencia; sin embargo, ipsofacto les boquearon los recursos que constitucionalmente corresponden a esa entidades, les instauraron unos “padrinos” o gobernantes paralelos, los llevaron a prisión o los inhabilitaron; así como también inhabilitaron al gobernador indígena que retó y derrotó en su estado al líder fundador de la “revolución bolivariana”. Y de esa forma, cualquier alcalde que muestre crecimiento electoral, o termina inhabilitado o acaba preso, incluso por decisiones judiciales tan aberradas como aquellas en las que el poder judicial se arroga la voluntad y potestad del soberano de elegir, sustituir y revocar a sus mandatarios.

También por amor al pueblo, Venezuela está aislada del contexto internacional, contentándose con los “cariños” de una China que de “comunista” le queda únicamente el nombre. Una desubicada Rusia, que se debate entre lo que pudo ser y no fue, y lo que no puede ser y nunca será. Una Corea del Norte que a Esparta se parece, donde no nacen niños sino soldados, y donde con tanto armamento andan como “carajito” con caja de pirotécnicos. Amén de la retahíla de “paisitos” caribeños, “ahijados” cuyas solidaridades durarán mientras sus diestras abiertas retornen a las faltriqueras repletas.

Igualmente, por amor al pueblo se ha convocado inconstitucionalmente a una Asamblea Nacional Constituyente, merced a un “vacio” aberrado en la ley, que permite dar un golpe de Estado Constitucional, avalado por todos los “juristas” e intelectuales de la izquierda. Resultando de esta forma más difícil enmendar la Constitución Nacional que cambiarla por otra; algo insólito que solamente puede ocurrir en esta tierra de “gracias”. Una Constitución de hule, estirada  al gusto de cada quien. Una Constitución que, bajo esa interpretación chareta, despoja de su soberanía al ciudadano, de su facultad libérrima de decidir si convoca o no a la Asamblea Nacional Constituyente, y en consecuencia, si se procede a la elección de los representantes que ejercerán en su nombre el poder constituyente; nada más y nada menos. Pero resulta que en la tierra de Bolívar, al pobre pueblo, en cualquier momento, cualquier gobernante le convoca y manda a cambiar la Constitución y trasformar el Estado, con especificación incluida de cómo y quienes pueden participar en la elección de los representantes ¡¡Válganos Dios!! Todo por amor al pueblo.

NO TIENE CULPA LA ESTACA SI EL SAPO…
También dice la canción: “le pasó como a Chacumbele, que el mismito se mató”

Eso precisamente es lo que le ocurre al gobierno con esta convocatoria a lo machimberra a la Asamblea Nacional Constituyente; ideológicamente esperada, estratégicamente errada y políticamente negligente.

Si alguna fortaleza tenía el proyecto político de la “revolución bolivariana”, era precisamente la Constitución Nacional de 1999. Convocada mediante el sufragio  directo y secreto de cada ciudadano inscrito en el registro nacional electoral, electos de igual forma sus representantes y aprobada mediante referendo; dentro de un escenario de intensos debates y sus consecuentes conflictos, de todos los sectores políticos del país; lo cual de suyo legitimó el origen de su autoridad y fortaleza política, jurídica y social. Erigiéndose así esa Constitución, en definitiva, en patrimonio común, en el referente ético equilibrante del Estado y su institucionalidad; tan así, que ante el atentado en su contra, su incuestionable legitimidad de origen le permitió imponer su autoridad y poder. Es decir, esa Constitución de 1999 era por cualidad propia, la principal garantía de estabilidad política y de paz; requiriendo solamente el desarrollo progresivo, sensato y pertinente  de su normativa de avanzada, complementado con tal o cual enmienda o reforma.

Precisamente eso fue lo que no hizo el gobernante. Quince años con el control del Poder legislativo; que han debido emplearse en desarrollar la estructura normativa hacia el espíritu, propósito y razón de esa Constitución, patrimonio en común del país; no obstante, su mayoría parlamentaria se redujo a las habilitaciones extralimitadas al titular del Ejecutivo Nacional para que legislara, mientras ellos, entre los dimes y diretes con los del otro bando, se dedicaban a difundir  las escuchas ilegales a los ciudadanos contrarios políticamente, además de los “reportes”, cual revista de farándula, de la banal cotidianidad de los activistas políticos opuestos.

Incluso llegó a tener el actual gobernante el control total de la Asamblea Nacional. Entiéndase bien, no sólo la mayoría calificada, sino todos, absolutamente todos los escaños parlamentarios; y en seis años no hicieron prácticamente nada; limitándose a habilitar al titular del ejecutivo para que legislara en lo que le viniese en gana, dedicándose ellos a “matar” el tiempo en discusiones estériles. Daba tristeza ver a semejantes “cuadros revolucionarios” en largas peroratas que terminaban siempre en lo mismo; cuando han debido  aprovechar esa oportunidad de oro, iniciando una égida de reformas legales y trasformación del basamento jurídico del país, hacia la concreción definitiva de la Constitución de 1999.

Empero, para ello requerían esos actores políticos de concepciones y perspectivas radicalmente diferentes de la política y de lo del Estado, de lo social, de lo jurídico, de lo económico y simplemente de lo humano. Algo imposible para sectores políticos vasallos de dogmas ideológicos, que les impiden actuar con libertad de conciencia y criterios científica, lógica y racionalmente justos ante la realidad social. Al final el resultado era el esperado y necesario: la pérdida de la mayoría calificada del Parlamento Nacional.

POR TU CULPA, POR TU GRANDÏSIMA CULPA
Así inicia la etapa crucial para el “proceso bolivariano”, pues el “pueblo”  decidió ser ciudadanos y  les despojó del mando del Poder Legislativo, en procura de mayor control y eficacia a una gestión de gobierno en franca caída libre. Otra oportunidad de oro para fortalecer la Constitución Nacional, sometiéndose irrestrictamente a su mandato, espíritu, propósito y razón, aún, entiéndase bien, aún a costa del poder político de gobierno, que carece de sentido si se sustenta en el derrumbe de la institucionalidad, cuyo fortalecimiento ha debido ser, en sabia estrategia política, el principal baluarte del “proceso revolucionario”.

Pero para eso se requerían actores también con otra vocación para el poder, dispuestos a someterse irrestrictamente a la voluntad ciudadana y con la humildad para volver, si el soberano así lo decidiere, a la propuesta política de calle, rescatando aciertos, asumiendo  errores y, sobretodo, con la fortaleza política del deber político cumplido y de la prédica desde el ejemplo ético y espiritual.

Sí, quizás suene iluso ese planteamiento dentro del aquelarre político del país, pero algún día tendrá que iniciar la valorización ética y espiritual de la institucionalidad del país. Siendo ese el principal cambio cultural: aprender a ser ciudadanos.

Es que para entender  y asumir esa nueva visión política, hay que tener perfectamente definido y desarrollado el concepto de eficacia, que debe constituir el leitmotiv de la acción política, es decir, expresar el fundamento ético y espiritual en actuaciones políticas concretas, que se ofrezcan, por qué no, como un valor electoral. De manera que la  “viveza” política no esté en la jugarreta jurídica electoral para sostenerse en el poder, sino en la simpleza del deber cumplido.

Además el cambio del criterio del poder plantea una nueva concepción del partido político, que debe avanzar desde la maquinaria legitimadora de gobernantes a estructuras sistematizadas científica y sinérgicamente para la concreción del proyecto político armonizado con todas las expresiones existenciales de la sociedad; de manera que el gobernante sería un ejecutor con actuación ética y deber moral hacia el proyecto que lo legitima en el poder. De esa forma, todos los funcionarios de elección ciudadana tendrían lineamientos de actuación en lo político, social, jurídico y cultural, condicionantes a la pertenecía y apoyo del proyecto político votado electoralmente por el ciudadano; abandonando definitivamente el fraude de ofrecer electoralmente determinado proyecto político y luego gobernar a la voluntad y real gana del sujeto electo.

“JUGARSE LA ULTIMA CARTA”
Así pues, dentro del resquebrajamiento moral y ético de un proyecto político flagrantemente ineficaz, no le ha quedado más opción al gobernante que jugarse la carta de decretar la convocatoria inconstitucional a la Asamblea Nacional Constituyente, concebida para imponer la mayoría relativa desde el amañamiento de las “bases” para la elección de sus integrantes, con la intención, típica de la izquierda tradicional, de imponer a troche y moche los criterios de una parcialidad política a toda una nación, cuando no al mundo entero. Sin entender que de esta forma están perdiendo el baluarte ético jurídico institucional de la Constitución de 1999, abriendo la compuerta para la desestabilización, tal vez irremediable, del país, y anunciando de una vez la muerte del engendro por nacer.

Se equivoca el gobernante si piensa que puede imponer esa Constitución ilegítima más allá de las masas fanatizadas que  todavía le abultan sus discursos. Yerra el gobierno, como han errado siempre los regímenes de izquierda tradicional, cuando bajo la excusa del bienestar del pueblo destruye la institucionalidad democrática para imponer la hegemonía de su “verdad”. Las lecciones de la historia a ese respecto son dramáticas, cuando no trágicas.

Está “meando fuera de la taza” este y cualquier otro gobernante, que crea que puede retornar a la Venezuela del siglo XIX, cuando las constituciones se fabricaban a cada rato a la real gana del gobernante de turno. Podrán emperifollar a la bastarda con adornos técnico jurídicos; exaltarla con la pléyade de cantores, poetas y prosistas palaciegos; justificarla con los juristas mercenarios; aclamarla y hasta “aprobarla” con sus masas fanatizadas;  pero nada de ello impedirá el cumplimiento ineluctable de su destino: ser sepultada junto a esta etapa triste de la historia venezolana.

Es que pareciera que se ha perdido todo sentido de racionalidad, sindéresis y sensatez en la patria de Bolívar. Por una parte, los cuatro sujetos que dirigen la “revolución bolivariana” tienen al país en quiebra, no declarada pero sufrida atrozmente por el “pueblo”; y de ñapa, se están cargando la poca institucionalidad que sobrevive. Por otro lado, unos grupos opositores que en 15 años no han podido cuajar un proyecto político coherente y “creíble”, cayendo en la trampa de la violencia, desperdiciando increíblemente el  enorme capital político que cada día el gobernante le arrima a su lado.

Sin embargo, no existe voz que alerte sobre tal estado de cosas. Nadie, absolutamente ninguno de los sujetos pensantes afines al gobierno ha objetado la terrible ineficacia del gobernante, ni cuestionado su torpe actuación política, que a la vez que ha hecho de Venezuela gran piñata y del venezolano miserable rapiñero; también ha decretado la muerte de su proyecto político.

Así, salvo algunas voces disidentes, ya “segregadas” desde hace tiempo del gobierno por “críticas”,  ninguno de los personajes de los que se esperaría al menos el alerta respecto de la convocatoria inconstitucional a la Asamblea Nacional Constituyente, ha dicho “esta boca es mía”. Antes bien aplauden, lerdamente, sin convencimiento y uno que otro “tragando grueso”, pero siempre aplauden.

¿PAZ VIVA O DE CAMPOSANTO?
El argumento es que todo eso se hace por la paz. Empero la paz decretada y no sustanciada desde la eficacia existencial, es ilusoria, un cascarón político jurídico que oculta la realidad social, hasta que ésta ineluctablemente estalla… 

Es cierto que un proceso constituyente puede resultar en lo que es: el reencuentro de voluntades, conciencias, razones, pasiones, amores, saberes y creaciones para la refundación del Estado sobre nuevos criterios, nuevas perspectivas, proyecciones y expectativas de la sociedad; concretando así el replanteamiento existencial de la sociedad desde un reencuentro cultural, en su más amplia acepción. Pues para eso es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); ya que para cambiar en mayor o menor grado la Constitución vigente, están establecidos los instrumentos jurídicos de la enmienda y reforma constitucionales. Es decir, la ANC no es un simple instrumento jurídico sino el basamento fundacional del Estado y la institucionalidad, y por ende, el elemento cohesor, integrador, proyector y posibilitador de la sociedad, en cuanto institución política primaria.

Siendo desde esa cualidad refundacional de la sociedad y del Estado que el proceso de convocatoria a la ANC es de primordial importancia para la paz social, pues necesariamente supone la concertación de todos los sectores políticos, sociales y culturales, sin la cual obviamente no procede dicha convocatoria; en sano juicio político, jurídico, sociológico y ético, jamás podría proceder.

Implica la convocatoria a la ANC, acordar su procedencia, convenir y negociar las bases, pactar su desarrollo democrático, comprometerse a someterse a su imperio y reencontrarse toda la sociedad en su resultado. Naciendo de esa forma, el favor hacia la paz social de la ANC es más que evidente; de lo contrario, se constituye en factor catastróficamente desestabilizador de la sociedad.

Por eso, la fase políticamente más sensible y jurídicamente más importante del proceso constituyente, es la convocatoria; de la cual el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y los grupos de ciudadanos tienen la iniciativa constitucional; pero ninguno de ellos puede constitucional y democráticamente convocar a la ANC y mucho menos imponerle las bases. 

Basta la simple lógica de la “rigidez” o autoconservación de la Constitución frente a los cambios parciales o totales que se pretendan a su imperio, para evidenciar lo falaz de los argumentos que defienden la constitucionalidad de la convocatoria  tal como se hizo. Es decir, si para el cambio menos relevante de la Constitución, enmienda, se impone la consulta al ciudadano, con mayor razón se requiere el asentimiento del soberano para proceder a sustituirla por otra. Sin considerar lo que implica que amanezca el “soberano” cualquier día llevado sí o sí a “refundar el Estado” y a concederles poderes cuasi absolutos, ”dictatoriales”, a unas centenas de sujetos, mediante un acto de votación al que no tiene opción de oponerse, más  que contemplar cómo  se “refunda el Estado” sin consultársele…

Porque el carácter fundamental del poder constituyente del ciudadano, o sea, de la facultad inherente a su ser, soberano, de fundar o refundar el Estado mediante una estructura política-jurídica, que desde el fundamento histórico-existencial, ético-moral y racional-espiritual, conforma el acontecimiento cultural, en su plena acepción, de esa sociedad; es el decidir si desea ejercer esa facultad y si autoriza a quienes resultaren electos por mayoría democrática, para que ejerzan en su nombre y representación su poder constituyente.

Es algo tan obvio y elemental que las discusiones estériles al respecto sobran.

Ahora sí, el que ostenta el poder puede, echando mano del más perverso y degenerado relativismo jurídico positivista y asumiendo su descaro ético sin complejo alguno, hacer con el Estado, la Sociedad, la institucionalidad, el Derecho y con la racionalidad que los conforma, prácticamente lo que le venga en gana. El problema, para ellos, es que el tiempo siempre retorna, cual búmeran, esos malos procederes, multiplicados por mil.   

La lógica de esa “convocatoria  a la ANC se delata muy simple. Un gobierno en caída libre, sin acción efectiva en tres años para detener el acaparamiento y al menos frenar la inflación, sostenido únicamente de los cheques que rubricará mientras pueda seguir especulando torpe y criminalmente con el dólar petrolero; pues ese gobierno, perdida por paliza la Asamblea Nacional y ante la derrota inminente de las elecciones a gobernadores, se juega la carta de la ANC.

LA MORALEJA
Erase una vez la conversa de dos ciudadanos en cualquier esquina de un país llamado Venezuela: “(…) --Si hubiésemos llamado a referendo para la convocatoria a la ANC, el pueblo no lo habría aprobado--  Compadre, por eso precisamente se la  convocó directamente, total, la Constitución no lo especifica. Gracias a Dios se nos ocurrió dejar la “concha de mango” de esa laguna constitucional.  --Oye, pero y si los otros no se tragan esta convocatoria, que, vamos a estar claros, es una “coñomadrada” jurídica; y  la deslegitiman, no participando y denunciando el fraude a la democracia--  Nooo, qué va, esos carajos son políticos cómodos y luchadores de confort, y ante la amenaza de que la ANC con su poder supraconstitucional los lleve a prisión, pues van a recular y con mal disimulo buscarán participar y salvar así sus preciados pellejos.  --¡Oye!, pero y si nos ganan esos carajos la mayoría, nos echan una vaina--  Eso no va ha ser posible, ya que la elección no la hará el “soberano” directamente, es decir, la ANC en realidad no expresará la mayoría de la voluntad ciudadana, sino la mayoría de una minoría sectorizada y regionalizada  --¿Cómo así, compadre?--  Fácil, por ejemplo, si a doscientos mil ciudadanos les corresponde elegir a seis constituyentes, con este sistema elegirán apenas uno, lo mismo que el que representa a cuatro mil ciudadanos, quien junto a otro similar, permite tranquilamente imponer en la ANC la voluntad de ocho mil ciudadanos a la de doscientos mil. ¿Increíble no? Y de los constituyentes sectoriales ni se diga, a decir verdad el sistema es inconstitucional, discriminatorio, excluyente y terriblemente injusto, pero políticamente funcional, y eso es lo que importa, aquí el que manda es Maquiavelo, compadre. Con este sistema nos jodemos en la clase media. Los obreros tendrán 78 constituyentes, mientras que los profesionales y técnicos ninguno, además, los pescadores son cuatro pelagatos que nos deben hasta el alma y los consejos comunales son nuestros ¿qué te parece? Esa clase media no es confiable y es un problema, pues quieren saber más que nosotros y exigen mucho, mientras que el pata en el suelo, el lumpen se conforma con lo que se dé y acude a votar calladito la jeta.  --Ah, ya entiendo, si así es el infierno, pues que me lleve el diablo--  ¡Carajooo, se está avispando el compadreee! La ANC es la salvación, movemos a la gente, jodemos a esos carajos, aquietamos la vaina, salvamos a los gobernadores, cuadramos y envenenamos la Constitución para que no nos jodan por cien años  y, lo más importante, le inyectamos esperanzas al pueblo, que mientras tengan ellos esperanzas, tendremos nosotros el poder, o sea ,la plata, y mientras el dueño tenga maní, el mono toca el tambor (…)”

Al final son el ciudadano y la sociedad quienes padecen las consecuencias de esas actuaciones políticas jurídicas tan degeneradas como rebosantes de “buena fe” y, por supuesto, cargadas de muchísimo “amor” al pueblo.

Ya el gobernante de turno decretó la convocatoria a la ANC y estableció las bases a su real criterio. Lógicamente los diversos sectores institucionalistas han salido al frente a rechazar semejante imposición de alarmante visos dictatoriales. No obstante, como es de esperar, el gobernante, flanqueado por su militarizado tren ministerial, persiste en la írrita convocatoria, presentando en “cadena nacional” a sus candidatos, todos proselitistas o “cuadros” políticos de su partido; en un ventajismo político sin antecedentes en la patria de Bolívar. 

El leve error de cálculo del gobernante, fue creer que los grupos opositores se amedrentarían con las amenazas de enjuiciarlos y condenarlos por traición a la patria, pues al contrario, se las juegan todas también. Ese era el riesgo. Para que exista una guerra, hacen falta dos factores irreconciliablemente opuestos y una variable desencadenante. Todos presentes. Que el demonio nos agarre confesados.

Ya las escaramuzas pre conflictuales se hacen ver. El reacomodo característico e inevitable de factores ha comenzado. Por un lado la ciudadana Fiscal, muy criticada por “timorata” y “parcializada”, sale en defensa de la Constitución y de la institucionalidad, con tal contundencia, valentía y determinación ética, que confunde. Por otro lado, aquel dirigente opositor preso, con un capital político inflado por la victimización por el gobierno; en el momento crucial, para la lógica de sus luchas, negoció con su carcelero y se fue a su mansión a ser lo que es, un sobrevenido dirigente político de segunda. Un auténtico líder político se habría quedado en prisión junto a sus seguidores, pero eso es pedirle guayabas al cují.

De guinda, recién ha calificado en sentencia el TSJ, de desconocimiento del Derecho, cualquier cuestionamiento a la forma como se convocó a la ANC.

Menos mal que sólo sabemos que nada sabemos.

Al menos ahora nos tildan de ignorantes, excusables o inexcusables, y no nos dan a beber la cicuta.

Bendita la ignorancia, que me permite aprender. Bendito el conocimiento, que ignorante me hace ser. Bendita la sociedad ignorante, porque tiene el saber. Bendita la universidad de ignorantes, que son su razón de ser. Bendito sea el ignorante, que lo puede comprender.

TARDE PIASTE…”
Caso extraordinario es el de la ciudadana titular del Ministerio Público, quien ha manifestado su desacuerdo con la forma en que se convocó a la Constituyente, accionando, como debe ser, ante el TSJ. Ya antes la Fiscal General hubo denunciado la ruptura del hilo constitucional que implicaba la decisión del TSJ de eliminar la Asamblea Nacional y  traspasarle sus facultades constitucionales al Ejecutivo Nacional.

En una democracia, la actuación de la Fiscal General estaría dentro de esas situaciones conflictivas inter poderes que evidencian y  fortalecen la institucionalidad y el espíritu democrático, y con ello, la paz social. Pero para un gobernante de pretensiones hegemónicas y fundamentalistas, ese proceder constituye un acto de “traición” inaceptable; desatando tal ola de ataques inmisericordes y miserables en contra de esa ciudadana, que ni por su condición de ser mujer se salvó del lenguaje soez con que se le apunta a su dignidad; tratando, mas allá de contradecirla jurídica e institucionalmente, de “ajusticiarla” moralmente.

Jurídicamente no se entiende cómo el TSJ anuló la designación del Vice-Fiscal y designó a una Vice-Fiscal, arrogándose la facultad exclusiva del titular del Ministerio Público, y autorizó ese nombramiento, asumiendo la potestad propia de la Asamblea nacional. Teniendo el tupé la ciudadana nombrada así inconstitucionalmente, de presentarse a la sede del Ministerio Público a “asumir su cargo”… 

En Venezuela el Estado de Derecho también está devaluado.

Se argumenta que procedió de esa manera ante el “desacato” en que se haya la Asamblea Nacional (que es otra historia para ponerse a llorar). Pero es que aún bajo ese supuesto, ha debido solicitársele a la titular del Ministerio Público que designase al Vice-Fiscal, o ratificase al actual, siguiendo en rigor el procedimiento constitucional, en el cual la “omisión legislativa” hallaría un encuadre más o menos coherente, al menos para disimular. 

En este país de Dios hasta el disimulo está acaparado.

También ha accionado la ciudadana Fiscal ante el TSJ la nulidad del procedimiento para nombramiento de dieciocho magistrados, efectuado en diciembre del año pasado, bajo el argumento de la ausencia de su firma, y también la de la secretaría, en el acta del Consejo Moral Republicano, que haría constar el cumplimiento por el Poder Ciudadano, de la segunda preselección constitucional y, por ende, su conformidad con la idoneidad profesional, moral y ética  de los ciudadanos optantes previamente preseleccionados por el Comité de Postulaciones; acta desde la cual la Asamblea Nacional fundamentó la selección definitiva, nombramiento y juramentación de los correspondientes Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Lo pintoresco es que enseguida salió al ruedo el ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, mostrando, en efecto, el acta sin la firma de la ciudadana Fiscal, ni de la secretaria de ese Consejo; solamente con las rúbricas del Defensor del Pueblo y del Contralor General; argumentando que “se dejó así para que lo firmara otro día”, que al haberse celebrado el acto y no existir el “voto salvado” de la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, se presume la validez del acta en cuestión, y que, en todo caso, ésta fue validada por actuaciones de la ciudadana Fiscal posteriores al nombramiento y juramentación de los magistrados…

O sea, el ciudadano Presidente del Consejo Moral Republicano, omite decir que la firma del acta por los tres integrantes del Consejo, es condición sine qua non para su validez constitucional; por lo que, al carecer de la firma de la ciudadana Fiscal General, es nula de toda nulidad, y en consecuencia, tanto esa acta en cuestión como el acto administrativo que expresa, no han tenido ni tienen existencia jurídica, siendo obvia la imposibilidad de su validación y subsanación. Es decir, la Asamblea Nacional fundamentó la selección de los magistrados en cuestión en una preselección irrita de pleno derecho, y el presidente del Consejo Moral Republicano de hecho lo reconoció por televisión en vivo y vía satélite. Ahora, la AN solamente pudo iniciar la selección de los magistrados, vista, leída y archivada la respectiva acta de preselección del Consejo Moral Republicano ¿Qué pasó? ¡Échennos por favor el cuento!

Definitivamente el Estado de Derecho en esta tierra de desgracias está hecho trizas.

Ya el seriado televisivo del antejuicio de mérito a la titular del Ministerio Público se estrenó. Tratada como a la peor delincuente. Prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar, bloqueadas todas sus cuentas e imputada de un rosario de delitos, hasta de “recibir pagos” para afectar al gobierno, sin un protesto del Defensor Público ni el llamado de atención del juzgador. Todo por denunciar la violación flagrante a la Constitución que implica la forma como se ha convocado a la ANC.

Hasta la objeción de conciencia está suspendida en nuestra patria.

El final lo sabemos. Al menos se espera que los dos del Consejo Moral Republicano designen a la nueva Fiscal y soliciten la autorización de la Asamblea Nacional, y estando ésta en “desacato”, entonces sometan dicha autorización a consulta popular, tal como lo establece el texto constitucional. En el mejor de los casos debería ser así, pero aquí todo puede pasar, y de hecho de todo está pasando. A lo peor amanecemos cualquier día con un(a) Fiscal General designado, autorizado y juramentado por el Poder Judicial..   

Cosas veredes del realismo mágico de la política venezolana.

LA OTRA CARA DEL Dr. MERENGUE
Ahora los venezolanos sí están viendo el rostro oculto del “proceso revolucionario”  Muy disimuladamente modosito y “democrático” él, siempre y cuando nadie lo contradiga. Pero escatológico, mañoso y sin freno moral, ante la contradicción lógica, racional y ética a su voluntad.

Ya los “Robespierre” y la “leyes pradiales” vienen insinuándose…

Igualmente, todo el país observó en “vivo” cuando un oficial encargado de la seguridad echaba a gritos y empujones al presidente de la Asamblea Nacional dentro del propio recinto parlamentario. Ese hecho en cualquier democracia ameritaría el enjuiciamiento del militar, pero en esta Venezuela, el canal de televisión del Estado lo repetía cual acción heroica. La institución militar está subordinada a los poderes del Estado; un principio constitucional elemental, pero que los castrenses desde siempre y hoy más que nunca se niegan a aceptar, imperando la aberrada pretensión de emparejarse a los cinco poderes del Estado. Y en el  caso del funcionario en cuestión,  al ser asignado al comando de la unidad de seguridad del parlamento, queda también subordinado, en cuanto a sus funciones específicas, a las directrices de ese poder del Estado, cuyo titular puede incluso constitucionalmente llegar a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada; y además, el ser un representante electo por el sufragio, lo inviste de una autoridad  nacida de la voluntad del soberano, máxima expresión democrática e institucional que la Fuerza Armada debe respetar y garantizar su acatamiento por la sociedad. Y no se trata de emitir juicio respecto de las personas, sino de proteger la institucionalidad; pues esa discrecionalidad que se arroga el funcionario militar in comento para asumir o no el sometimiento al deber institucional, ha sido el germen de la retahíla de gorilas que azotaron a estas tierras latinoamericanas. Porque del desconocer a un poder del Estado y la voluntad popular expresada en el titular de ese poder, a desconocer al gobierno fusil en mano, hay un paso... Al menos existen los videos probatorios de semejantes violaciones a la Constitución Nacional.

Necesario es poner en su justo lugar constitucional a la Fuerza Armada. Si eso le ocurre impunemente al titular de un poder del Estado, qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes, que soportamos todos los días lo que el gobierno y sus acólitos le aplauden a sus pretorianos. Recordemos que si se permite lo más se justifica lo menos.

Ante quién reclama el ciudadano por la violación sistemática y rutinaria de sus derechos y garantías, si el gobierno aplaude y promueve la arbitrariedad, si la Defensoría del Pueblo ha sido institucionalmente orientada hacia la “defensa”  y “justificación” del gobierno, y si el Ministerio Público se encuentra “inhabilitado” para actuar en contradicción a la ”sagrada” voluntad del gobierno.

Y hablando de la “sagrada”, existen algunos personajes del gobierno que, como los del “Bagre”, parecieran haberse sustraído del bien y del mal, es decir, están enajenados de cualquier cuestionamiento ético, moral y jurídico, despotricando, difamando y acusando  a cuanto ciudadano los adverse, amén de la difusión, sin rubor ético alguno, de “pinchazos” telefónicos ilegales a quien a ellos se les antoje. Acciones delictuales por las que en otros países han sido procesados y condenados ex presidentes, ministros y altos funcionarios, pero que en el “realismo mágico” venezolano son transmitidos por capítulos y hasta en cadena nacional.

 Ha de llegar el día en que dejemos atrás tanto a los otrora militares “lacayos puntofijistas”, que perseguían todo lo que oliese a comunista; como a los actuales “revolucionarios  socialistas”, que maltratan y persiguen a cuantos les parezcan “burgueses oligarcas” o a cualesquiera se opongan al proyecto hegemónico del gobierno; por supuesto, todo también por “amor al pueblo”.

LOS EXTREMOS SE ENCUENTRAN
Existen afirmaciones que si no se hubiesen escuchado directamente, no se creerían. Que afirme el ciudadano Presidente de la República en “cadena nacional”, que sueña con el día en el que las personas opuestas a su proyecto político vayan a él y diriman sus diferencias directamente, sin los partidos políticos, los cuales pasarán a la historia…

Resulta insólito que a estas alturas de la experiencia política democrática venezolana, latinoamericana y del mundo, un gobernante electo democráticamente aspire y propugne la desaparición de los partidos políticos. Mutatis mutandis es el mismo argumento con el que los gobiernos de ultraderecha de las dictaduras que han azotado Latinoamérica, y de los fascistas  europeos que marcaron de horror la historia humana, justificaban la ilegalización y proscripción de los partidos políticos.

Las sociedades humanas son diversas, y presentan de suyo una “tirantez” entre la estabilidad y el cambio, en cuyo equilibrio se posibilita la paz, y en cuya acción se manifiesta políticamente el ser humano, es decir, posibilitando su ser social en ese intersticio fáctico existencial entre lo que es y lo que puede ser, el ser humano racionaliza y espiritualiza, concreta y proyecta su ser social; en un hacer, querer y aspirar expresado conceptualmente en ideas, que conforman el común denominador de una forma de asumir el ser humano su reto existencial social, expresan en su diversidad el grado de la autonomía y libre manifestación de la personalidad del individuo social, y esencialmente se manifiestan mediante cuerpos ideológicos que en sumatoria constituyen la razones naturales del ser político de la sociedad, institucionalizados desde la razón del Estado como movimientos, grupos o partidos políticos.

Es decir, la sociedad por antonomasia es de “partidos” o “posturas”  políticas, en sus más diversas expresiones, que constituyen la razón natural de la expresión de la libertad de pensamiento y de manifestación de criterios del ser humano. Por eso, la aspiración de la supresión de los partidos políticos, muy del marxismo-leninismo, debe mantenerse a distancia de la sociedad democrática como lo que es: un disparate ideológico. No digamos que en otro estatus evolutivo, muy, muy distante, no pueda lograrse la conformación de sociedades, Estados y gobiernos con otra, mejor dicho, con mayor lógica, racionalidad y espiritualidad, que minimicen los partidos políticos hasta su práctica inoperancia; pero por ahora demos gracias a Dios que nos enfrentemos con las ideas y no con las armas.

Otra de esas expresiones  del Primer Mandatario fue la orden de llevar a votar en cambote a los trabajadores de las empresas del Estado, y por extensión a los empleados públicos, ¿Será para saber quién vota y quién no y llevarlos por las “buenas”? ¿Implica esa  “orden” alguna coacción a la libertad del sufragio? ¿Qué tendrá qué decir el CNE ante estos y otros hechos? 

CUENTOS DE AYER Y DE HOY
Contaba el señor X, que siendo empleado público para la época del plebiscito del “Cochinito”, llegó un oficio “llamando” a votar por el “sí” a todos los funcionarios de ese despacho; a lo cual el señor X se negó, colocando, obviamente, en aprietos a su superior y a todos sus compañeros, quienes suplicando que lo hiciera por ellos y sus familias, lograron que el señor X accediera a la imposición del tirano…; pero su dignidad  se vio reivindicada cuando en la “vaca sagrada” el “Cochinito” huía como rata.

Sutilezas semánticas aparte, las historias se repiten. Con la diferencia que hoy el señor X tiene la oportunidad democrática de mandar “palca” a quien pretenda coartarle su poder soberano.

 “POR LA BOCA MUERE EL PEZ”
La fresca brisa  resbalaba del Waraira Repano y se entrelazaba con los últimos resplandores del atardecer para ondear cual serpentina por entre la “ciudad de los techos rojos”, cuando el Primer Mandatario interrumpe uno de sus amenos actos para anunciar el “tubazo” a los invitados, a la sazón periodistas, en cuyas faces desencajadas la noticia en suspenso era “vox pupoli virtual”, es decir, en las redes ya todo el país estaba enterado de lo que el Presidente de la República, entre sus chistes, iba a informar como primicia: Nada más que a cuadras de allí, una aeronave atacó con granadas y metrallas las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, dando algunas vueltas y desapareciendo al trasluz del atardecer…

Es decir, en el país que le “pica pleito” y amenaza con hacer comer tierra y “propinarle la más grande derrota” al imperio con la capacidad armamentista más poderosa y destructiva que haya conocido la humanidad; un simple helicóptero sobrevuela como en tour la ciudad capital del Estado y sede de los poderes públicos, pudiendo lanzar con toda tranquilidad desde metrallas de confites y granadas para tizanas y granadina, hasta cargas explosivas que no dejasen rastro de las sedes de los predichos inmuebles y del propio Palacio de Miraflores, inclusive.

Imaginemos nomás si hubiesen sido tres misiles norteños con tres destinos y un objetivo: callar al pez. Seguramente habrían salido los de la plana mayor a admirar los extraños artefactos que se acercarían por entre las serpentinas de viento y de sol que mecen la “cuna de El Libertador”. Y colorín colorado…

Dios nos guarde de semejantes acontecimientos. ¿Por qué mejor el gobierno no actúa sensata y cuerdamente y renuncia a esa locura de querer ser la Vietnam del Norte latinoamericana, pero con pistolitas de agua y “liguitas” con “fruta de pavo”?

LA INEFICACIA E INEFICIENCIA TIENEN NOMBRE Y APELLIDO
La eficacia de un proyecto político se mide por la magnitud del cambio en el ser humano, por la posibilitación de su ser actual, conciliadamente con su ser trascendente. Siendo pues, la solvencia ética de cualquier proyecto, un compromiso entre la ideología que lo fundamenta y la acción que lo concreta.

Un proyecto político, que de palabra, obra y omisión, niega al ciudadano y su poder soberano, sustituyéndolo por masas, numeradas, marcadas y controladas por tarjetas electrónicas, sometidas al mas atroz chantaje de permutar votos por la caja trimestral de comida o la pensión que para nada alcanza o la quiniela de la casa. Ese proyecto está en deuda con la ética y la eficacia, y es acreedor de su erradicación democrática del poder.

Porque lo que adolece la nación venezolana hoy en día, es el estrepitoso fracaso del modelo político revolucionario del “socialismo del siglo XXI”. Quince años “probando” de todo, y nada les funcionó. Mercales, mercalitos, pedevales, claps, son algunos de los “engendros” “socialistas” para romper el criterio de las estructuras socioeconómicas de distribución de bienes especializadas y sustituirlas por células populares, anárquicas por su propia naturaleza, que, bajo el criterio de pueblo sirviendo al pueblo, suministren los productos a precios populares. Lo cual ha degenerado en la rapiña colectiva más criminal sobre los bienes comunes y ha engendrado un fenómeno social nuevo: el bachacheo, es decir, toda la población volcada a comprar lo que sea y cuanto sea, para vendérselo a ella misma; por supuesto, nadie consigue lo que el otro tiene acaparado. Un verdadero pandemónium que ha elevado la inflación al borde del estallido social.

Es que estos gobernantes se toman las cosas literalmente. Si les dice el librito que deben romper la estructura económica capitalista, pues la fracturan en pedacitos y ya; quebrando también la lógica elemental de lo social, la racionalidad que sustenta el desenvolvimiento existencial de la sociedad, y la espiritualidad, que hace del individuo un cuerpo social, y de la sociedad, la expresión ética del ser individual. Vale decir, si el ser humano pierde el sentido lógico, racional y espiritual de su ser social, se pervierte el basamento ético de la sociedad.

En fin, otra actitud ante el poder se impone, y en consecuencia, otra estrategia política debe determinar el proceder. Es mejor perder una elección habiendo hecho lo que se debía hacer, cumpliendo con el deber; que ganarla fraudulentamente para continuar en gobierno y “poder” así “favorecer” al pueblo.

Un gobierno que luego de una elección presidencial, en la que de un universo de más de quince millones de sufragantes, obtiene la victoria por la diferencia de doscientos mil votos; y no obstante al siguiente día asegura que tiene el apoyo de “todo el pueblo”, porque los que adversan su gestión son un grupo de oligarcas apátridas. Ese gobierno, o tiene un concepto muy restringido de pueblo, o reconoce que gobierna a un país con cincuenta por ciento de sus habitantes oligarcas y apátridas, o premeditadamente pretende imponer como sea la hegemonía de su verdad ideológica.

LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE 
En verdad  tendemos  a creernos muy distantes de aquellos acontecimientos sociales históricos que han degenerado en atrocidades antihumanas, en guerras mundiales, genocidios y conflictos armados entre hermanos de nación; cuando lo cierto es que al final los escenarios, las tramas y los argumentos, no son sino construcciones históricas del protagonista que cada uno llevamos dentro: nuestro ser humano.

Hoy en nuestra patria vivimos un proceso de degeneración social e institucional que nos estelariza en uno de esos absurdos acontecimientos con que la historia  le restriega en la conciencia de los pueblos su torpeza, al dejarse manipular, prostituir y ser simple chivo expiatorio, la excusa perfecta para el usufructo degenerado del poder del Estado. 

Tiempos difíciles vivimos los venezolanos con el Estado, la institucionalidad y la sociedad desmoronándose en nuestras narices.

El venezolano debe aprender a rechazar de plano cualquier proyecto político que pretenda perpetuarse en el poder torciendo la institucionalidad. Que ofrezcan electoralmente sus proyectos políticos, gobiernen  eficaz y eficientemente durante los seis años del período presidencial y luego se sometan a la voluntad popular para que sea el ciudadano quien decida si continúan gobernando, o si por el contrario, los manda a “freír monos”. Y después que se replanteen políticamente y nuevamente opten a gobernar el país; pues de eso se trata, de brindar al ciudadano la mejor opción para regir la sociedad.

Ya basta de la Venezuela con la espada de Damocles pendiendo sobre sí cada vez que asume un evento electoral. Necesario es construir una institucionalidad fuerte y con personalidad política propia, con un Poder Electoral siendo poder del Estado y no oficina mandadera del Ejecutivo Nacional ni del  TSJ, que mantenga dentro de su cauce los distintos proyectos políticos e ideologías que accedan democráticamente al ejercicio del poder del Estado.

Hasta cuándo seguir usando al pueblo de mampara para sustentar proyectos políticos hegemónicos, segregacionistas, excluyentes y, por ende, anti democráticos. En tal sentido, el llamado “poder popular” debe expresarse en la fortaleza ciudadana ante las acciones y prerrogativas del Estado, cuyo poder al fin y al cabo es popular; y no la degenerada politización de la sociedad en colectivos pretendidamente “autónomos”, pero que al final terminan sucumbiendo a la carroña política, constituyéndose en instrumentos de desestabilización institucional, a favor de intereses políticos abyectos. Es decir, resulta en soberana torpeza pretender equiparar el “poder popular” a los otros poderes del Estado, pues éstos existen en razón del poder del soberano; siendo un salvajismo político jurídico, y extremadamente peligroso, correr al ser humano, ciudadano o “pueblo”, del  epicentro de lo del Estado, para “emparejarlo” o contraponerlo a sus poderes, pues entonces se extravía la razón natural y el sentido teleológico del Estado y la institucionalidad: el ser humano y su coexistencia en sociedad.

No es justo, que en un país con todas las posibilidades materiales, creadoras intelectuales y espirituales como este, hoy el venezolano viva en condiciones miserables, desperdiciando su maravillosa y única posibilidad existencial en inmensa colas para hacerse de algunos bienes para sobrevivir, con el valor real de su esfuerzo laboral rayando en la esclavitud más atroz, y excretando un odio social  que lo puede llevar al autoaniquilamiento.

No puede ser que la racionalidad, la sensatez y el buen juicio anden extraviados en la patria de Bolívar, Miranda y Sucre.

Por lo pronto, la prioridad está en salir de esta “caverna de Platón” en que ha devenido Venezuela. En que el venezolano pueda acceder  a todo el mundo de alimentos, de posibilidades creativas, de tecnologías productivas y de buen vivir que esperan allende las fronteras de sus conciencias. En que ejerza su derecho humano y responsabilidad ética de disfrutar de las maravillosas posibilidades existenciales del tercer milenio, y no retrogradarse al tiempo de las cavernas. En que asuma que el poder soberano es inherente a su ser humano, y que nadie, absolutamente nadie, ni con miles de decretos, sentencias y comicios, ni hoy ni nunca, podrá secuestrárselo  y avasallarlo bajo el pretexto que sea.

No importa quién llegue, lo importante es romper este hilo de acontecimientos que nos está llevando al abismo; después veremos. Esta gente no entiende que su proyecto político es absolutamente inviable. No es mera suposición ni mala fe; es la cruda realidad que sufre en carne viva el venezolano día a día.

El egoísmo le menoscaba la sensatez al gobernante. No pueden quejarse. Tuvieron su oportunidad política privilegiada, y la despilfarraron por sus carencias y aberraciones conceptuales.

Liquidar el país es lo que nos quedaría. Vender el territorio y  los bienes comunes, repartir "el Dorado" entre todos los venezolanos, y que cada quien marche hacia países que, con todos las dificultades existenciales evolutivas, han logrado conformar sociedades medianamente viables.

O se cambia de modelo político-económico o este país perece.   

“Nuevos ciudadanos, nuevas ideas y nuevos procedimientos” requiere el país para salir de este foso en que se encuentra, aislado del mundo y a punto del colapso total.
  
No es aislando  al país de la realidad como se cambia el mundo; es participando de la realidad internacional con la mayor racionalidad, sensatez, buen juicio y espiritualidad, que se cambia la realidad del país, y con ello se construye un mundo mejor. 

Javier A. Rodríguez G.

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